La autotutela se presenta como un documento fundamental para designar anticipadamente a la persona que queremos que se ocupe de nosotros y de nuestro patrimonio, en el supuesto de que un juez declare nuestra incapacidad. Al tratarse de una decisión tomada directamente por la persona afectada antes de la manifestación de la enfermedad, se evitan posibles conflictos familiares. En definitiva, será la propia persona quien habrá determinado quién puede brindarle la atención necesaria durante todo el proceso de su enfermedad.

El documento de voluntades anticipadas, también denominado como «testamento vital», constituye un instrumento jurídico crucial en la etapa final de la vida, ya que evita situaciones innecesarias que podrían generar mayor sufrimiento. En esencia, este documento permite a la persona tomar decisiones anticipadas sobre si aceptar o rechazar determinados procedimientos terapéuticos específicos en el futuro. Además, resulta útil para designar a un interlocutor válido ante el personal médico en caso de que ya no podamos expresar nuestra voluntad por nosotros mismos.

El testamento es, sin duda, la herramienta jurídica más conocida para decidir el destino de nuestros bienes materiales. Por ello, es esencial realizar testamento antes de que surja cualquier enfermedad o accidente. De esta manera, podremos decidir el destino de nuestro patrimonio, evitando que sea la ley quien lo decida por nosotros. No obstante, es importante tener en cuenta que si el testamento se otorga cuando la enfermedad ya está en un estado avanzado, podría darse la situación de ser declarado sin validez, con el fin de protegernos ante posibles «herederos sibilinos». En consecuencia, si deseamos que nuestras últimas voluntades se respeten, lo más aconsejable es elaborarlo cuanto antes y no dar tiempo a que la patología avance.

Cuando resulta necesario solicitar la incapacitación judicial de una persona enferma, bien sea a causa del Alzheimer o por haber sufrido cualquier otro proceso o accidente, es debido a que dicha persona ya no puede llevar a cabo ningún trámite de forma autónoma e independiente.

En este sentido, la legitimación para iniciar la petición de incapacitación judicial recae en el cónyuge o los descendientes (hijos o nietos), ascendientes (padres o abuelos) o hermanos. En otros supuestos, y en caso de necesidad, también puede instar este procedimiento el Ministerio Fiscal.

La petición de incapacitación judicial puede solicitarse en cualquier momento en que la capacidad de la persona enferma para tomar decisiones esté gravemente comprometida. Siempre y cuando no se hayan formalizado poderes preventivos o una autotutela previamente, mecanismos legales que precisamente tienen como objetivo evitar llegar a esta situación.

Por lo tanto, si la familia se siente desprotegida en la toma de decisiones sobre el enfermo, es recomendable recurrir a la incapacitación. A través de un procedimiento judicial, el juez determinará quién será el tutor de la persona enferma. En esta misma sentencia judicial se especificarán el alcance y los límites de la incapacitación.

La incapacitación judicial de personas con Alzheimer es un proceso complejo, tanto desde el punto de vista emocional como económico. No obstante, representa la última alternativa legal para que los familiares puedan proteger al paciente de sus propias decisiones en aspectos cotidianos, como la gestión de sus finanzas o la toma de decisiones médicas. También resulta crucial en situaciones más excepcionales, como la compraventa de bienes o la administración de depósitos bancarios.

En cualquier caso, es importante destacar que el tutor designado permanece siempre bajo la supervisión del fiscal y el control del juez, a quien debe rendir cuentas anualmente acerca de las decisiones tomadas en beneficio del tutelado.

La solicitud de incapacitación judicial debe presentarse ante un juez, lo que representa un coste económico considerable, que puede oscilar entre los 1.000 y los 2.000 euros, aproximadamente.

Por esta razón, resulta crucial que, tras el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y mientras el enfermo conserve su capacidad, se realicen todas las gestiones pertinentes para no tener que recurrir a la incapacitación judicial. Además de su coste, este proceso puede resultar especialmente doloroso al exponer al enfermo a la evidencia de su discapacidad, especialmente cuando aún mantiene un alto nivel de conciencia o incluso no ha asimilado aún completamente su estado.